México es desde tiempos ancestrales, centro de origen y diversificación constante del maíz. Es el resguardo genético vivo más grande con el que contamos. Los pueblos originarios llevan unos diez mil años guardando, seleccionando y mejorando las semillas, existe el registro de 59 razas nativas, pero existen millones de variedades de maíces como esencia de la cultura alimentaria de México y que lleva domesticándolo desde hace 7 mil años. En cambio, en Estados Unidos el maíz es una mercancía y un insumo para forraje, para elaborar productos ultraprocesados y para generar agrocombustibles. En la actualidad se importan alrededor 17 millones de toneladas de maíz transgénico a México, debido al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá.
El Gobierno modifica su normativa para evitar un nuevo conflicto comercial en el marco del Tratado de Libre Comercio; En días pasados, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo decreto que establece nuevas acciones en materia de Glisofato y maíz genéticamente modificado para consumo humano en México, para que estos sean eliminados paulatinamente para el 2024. En este decreto se tipifican el maíz para fines industriales y el de consumo humano.
México ha sido el principal cliente de Estados Unidos, por lo que Washington, ante el decreto anterior, amagó hace días con elevar el conflicto si México no explicaba con argumentos científicos el veto al maíz transgénico. La producción importada del año pasado fue más de 15 millones de toneladas para el sector pecuario e industrial, así lo menciona Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Por su parte el titular de la SADER, Víctor Villalobos, afirmó que, a 24 años de entrada del maíz transgénico a México, “no hay científicamente comprobado que sea dañino para la salud humana ni aquí ni en el mundo entero, siempre hemos pugnado por que haya maíz amarillo, ya que en México no se cuenta con la suficiente capacidad para producirlo y toda la agroindustria de engorda y ganado se vería afectada”.
«Va a ayudar porque prohíbe la importación de maíces transgénicos blancos, antes llenaban los anaqueles con maíz importado, pero ahora como está prohibido no nos va a pegar en el peso, van a tener que darle un precio al maíz y va a ser nuestra única oferta». Esto lo mencionó el Diputado presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso de Sinaloa, Serapio Vargas, declarando que esto es positivo para el campo sinaloense.
Por otro lado, en el tema de los glifosatos, es muy probable que este decreto sea revisado de nueva cuenta en marzo, en ello Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación “Semillas de Vida”, recordó que el maíz es modificado genéticamente para resistir al herbicida, “van de la mano”. Es así como la aplicación del glifosato acaba con otras plantas. “Controla, pero mata todas las otras vidas, mata la biodiversidad”.
Los considerandos del nuevo decreto presidencial reconocen las investigaciones científicas que alertan sobre los efectos nocivos del herbicida en la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la diversidad biológica. Además, reconoce como probable carcinogénico, como lo establece la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.
En cambio, otras posturas afirman que es cancerígeno si lo utilizas y lo tomas en cantidades gigantescas. El glifosato está en el maíz en porcentajes ínfimos. “Te tendrías que comer, no sé, 50.000 o 60.000 kilos de maíz en un día para que te afecte. El maíz transgénico se ha usado en todo el mundo desde hace 25 años y no ha habido ninguna afectación a la salud”, así lo declaró Juan Cortina, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.
Por su parte, la Secretaría de Economía, en su comunicado de prensa, mencionó que la Cofepris realizará investigaciones científicas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del maíz genéticamente modificado. Tales estudios se realizarán con agencias sanitarias de otros países. Con eso, México reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, según el cual, las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia científica. Por lo cual dicho decreto no representa afectación alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones.
